CCOO logra que el PP retire las enmiendas sobre los "indefinidos no fijos" en la Administración
El Área Pública de CCOO, sindicato mayoritario en la Función Pública, celebra que finalmente el Grupo Parlamentario Popular haya decidido retirar las enmiendas relativas a la regulación de la figura de los denominados "indefinidos no fijos" en el proyecto de ley de racionalización y ordenación del sector público.
Esta figura se refiere a aquellas personas con contrato temporal que, como consecuencia de la existencia de fraude de ley en la contratación o cesión ilegal, eran reconocidos como indefinidos por sentencia, pero no podían considerarse fijos de plantilla al entender que no cumplían los preceptos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
CCOO denunció el pasado 11 de junio que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado había registrado las citadas enmiendas por las que modificaba el Estatuto Básico del Empleado Público para dar una regulación a la figura de los “indefinidos no fijos”.
El sindicato advirtió que con este cambio normativo se pretendía "dar carta blanca a las administraciones para incumplir la legislación laboral sobre contratación de personal, creando un espacio de excepción de total impunidad en el ámbito de las administraciones y sector público en general, ya que el incumplimiento de las normas laborales en materia de contratación no tendría consecuencia alguna, a diferencia de lo que el ordenamiento jurídico contempla para el resto de trabajadoras y trabajadores".
Desde que CCOO tuvo conocimiento de las citadas enmiendas, inició una intensa campaña de denuncia del contenido de dichas enmiendas y de información a las trabajadoras y trabajadores y a las diferentes administraciones de las consecuencias que tendrían de aprobarse. Esos mismos planteamientos los trasladaron tanto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como al Ministerio de Empleo.
Paralelamente, el sindicato contactó con los diferentes grupos parlamentarios del Senado y mantuvo reuniones con algunos de ellos, de manera expresa con los dos grupos mayoritarios en la Cámara alta (Socialista y Popular). En todo ese proceso, CCOO trató de convencer de que las enmiendas, en los términos en que estaban planteadas, no cabían en nuestro ordenamiento jurídico y ponían en riesgo miles de puestos de trabajo y, con ello, la prestación de servicios públicos esenciales. El sindicato reconoce la receptividad que tuvo por parte de todos los grupos parlamentarios a sus argumentaciones.
"Tal y como hemos venido planteando en las diferentes reuniones de estos días, entendemos que es necesario preservar el empleo y los servicios públicos. Y es necesario que esto se haga con absoluto respeto al cumplimiento de la legislación existente en materia laboral, cumplimiento en que la Administración debería ser especialmente vigilante. Por ello creemos que la solución a esta situación —que, recordamos, viene motivado por el incumplimiento de la legislación laboral por las administraciones— tiene que venir de la negociación con las organizaciones sindicales de medidas que permitan la estabilidad del empleo público, respetando, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de los preceptos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al mismo, pero respetando también los pronunciamientos judiciales y la legislación laboral", concluye el sindicato.
CCOO denunció el pasado 11 de junio que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado había registrado las citadas enmiendas por las que modificaba el Estatuto Básico del Empleado Público para dar una regulación a la figura de los “indefinidos no fijos”.
El sindicato advirtió que con este cambio normativo se pretendía "dar carta blanca a las administraciones para incumplir la legislación laboral sobre contratación de personal, creando un espacio de excepción de total impunidad en el ámbito de las administraciones y sector público en general, ya que el incumplimiento de las normas laborales en materia de contratación no tendría consecuencia alguna, a diferencia de lo que el ordenamiento jurídico contempla para el resto de trabajadoras y trabajadores".
Desde que CCOO tuvo conocimiento de las citadas enmiendas, inició una intensa campaña de denuncia del contenido de dichas enmiendas y de información a las trabajadoras y trabajadores y a las diferentes administraciones de las consecuencias que tendrían de aprobarse. Esos mismos planteamientos los trasladaron tanto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como al Ministerio de Empleo.
Paralelamente, el sindicato contactó con los diferentes grupos parlamentarios del Senado y mantuvo reuniones con algunos de ellos, de manera expresa con los dos grupos mayoritarios en la Cámara alta (Socialista y Popular). En todo ese proceso, CCOO trató de convencer de que las enmiendas, en los términos en que estaban planteadas, no cabían en nuestro ordenamiento jurídico y ponían en riesgo miles de puestos de trabajo y, con ello, la prestación de servicios públicos esenciales. El sindicato reconoce la receptividad que tuvo por parte de todos los grupos parlamentarios a sus argumentaciones.
"Tal y como hemos venido planteando en las diferentes reuniones de estos días, entendemos que es necesario preservar el empleo y los servicios públicos. Y es necesario que esto se haga con absoluto respeto al cumplimiento de la legislación existente en materia laboral, cumplimiento en que la Administración debería ser especialmente vigilante. Por ello creemos que la solución a esta situación —que, recordamos, viene motivado por el incumplimiento de la legislación laboral por las administraciones— tiene que venir de la negociación con las organizaciones sindicales de medidas que permitan la estabilidad del empleo público, respetando, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de los preceptos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al mismo, pero respetando también los pronunciamientos judiciales y la legislación laboral", concluye el sindicato.
