¿Y COMO AFECTARA ESTA MEDIDA A LOS TRABAJADORES Y A LAS TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEON?

El PP pretende el despido sin indemnización de los "indefinidos no fijos"

CCOO hace un llamamiento a frenar la aprobación de la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Senado que afecta al empleo de varios miles de trabajadoras y trabajadores de las Administraciones Públicas, y exige que se abra un verdadero proceso de debate y negociación sobre la estabilidad y mejora del empleo público. CCOO advierte que de consumarse el contenido de la enmienda propondrá al resto de sindicatos representativos la organización de un proceso de actuación sindical que evite una precarización aun mayor del empleo público y sus condiciones laborales.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una enmienda al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que modifica nuevamente el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que pretende cerrar la regulación de los “indefinidos no fijos”, que son aquellas personas que por resolución judicial que declara en fraude de ley su contratación pasan a tener la consideración de indefinidos en su administración, pero que por no haber superado pruebas selectivas que acrediten los criterios de acceso al empleo público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad) no pueden ser considerados personal laboral fijo.

La citada enmienda establece un sistema que, en síntesis, permite que las Administraciones (y entes del sector público en general) puedan amortizar las plazas ocupadas por este personal sin más causa que la propia voluntad de hacerlo y sin que el fraude cometido por la Administración, en su calidad de empleadora, tenga consecuencia jurídica alguna, al quedar equiparado al contrato por obra o servicio en cuanto a la indemnización. Desde CCOO compartimos plenamente que el acceso al empleo público debe cumplir con los principios constitucionales, pero eso no puede servir de excusa para que las Administraciones tengan carta blanca para incumplir a su antojo la normativa laboral.

Además, crea un espacio de excepción de total impunidad en el ámbito de las Administraciones y sector público en general, ya que el incumplimiento de las normas laborales en materia de contratación no tendrían consecuencia alguna, a diferencia de lo que el ordenamiento jurídico contempla para el resto de trabajadoras y trabajadores.

Resulta cuanto menos curioso y contrario a nuestro ordenamiento jurídico que las Administraciones Públicas, que son las primeras obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley, se creen para ellas mismas espacios de absoluta impunidad, mediante una Ley ad causam con la única finalidad de eludir los pronunciamientos judiciales, tanto del tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por otro lado, se utiliza el trámite de enmiendas del Senado para realizar una modificación de gran calado en el empleo público, haciéndolo de tapadillo y evitando con ello, además, que la propuesta pase por los trámites obligados para un Proyecto de Ley (informe de Consejo de Estado) que, probablemente, no habría superado.

La enmienda además se presenta sin que haya existido ningún proceso de negociación o consulta con las organizaciones sindicales, desmintiendo con hechos las declaraciones que ayer mismo realizaba en Secretario de Estado de Administraciones Públicas en una conferencia sobre el compromiso del gobierno de negociar con las organizaciones sindicales todo lo relativo al proceso de reforma de las Administraciones Públicas especialmente en aquello que afectara al empleo público

En una primera valoración jurídica de la enmienda, la misma es difícilmente compatible con el resto de nuestro ordenamiento constitucional y vulnera también la Directiva Europea 1999/70/CE y la constante jurisprudencia en esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pues bien ahi va mi valoración personal, esta iniciativa se ha tomado con alevosía y nocturnidad y claro que va a afectar al personal municipal ya que hay mas de 300 empleados publicos trabajando con ese tipo de relación laboral en el Ayuntamiento de León, y ya se están cociendo consecuencias muy graves para dicho personal, es una intuición pero habrá que investigar y preguntar a los responsables politicos ya que ellos serán los que "ejecuten" dicha medida si finalmente se aprueba, que casi seguro asi será, pero que nuestros afiliados y afiliadas y el resto de compañeros y compañeras tengan claro que la sección sindical de CCOO no tiene deudas con nadie, por ello como no somos esclavos de nuestras circunstancias personales lucharemos porque el final no sea a costa del empleo público.