CCOO hace un llamamiento a frenar la aprobación de la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Senado
que afecta al empleo de varios miles de trabajadoras y trabajadores de las Administraciones Públicas, y exige que se abra un verdadero proceso de debate y
negociación sobre la estabilidad y mejora del empleo público. CCOO advierte que
de consumarse el contenido de la enmienda propondrá al resto de sindicatos
representativos la organización de un proceso de actuación sindical que evite
una precarización aun mayor del empleo público y sus condiciones laborales.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado
una enmienda al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa por la que modifica nuevamente el Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP), que pretende cerrar la regulación de los
“indefinidos no fijos”, que son aquellas personas que por resolución judicial
que declara en fraude de ley su contratación pasan a tener la consideración de
indefinidos en su administración, pero que por no haber superado pruebas
selectivas que acrediten los criterios de acceso al empleo público (igualdad,
mérito, capacidad y publicidad) no pueden ser considerados personal laboral
fijo.
La citada enmienda establece un sistema que, en síntesis, permite
que las Administraciones (y entes del sector público en general) puedan
amortizar las plazas ocupadas por este personal sin más causa que la propia voluntad
de hacerlo y sin que el fraude cometido por la Administración, en su calidad de
empleadora, tenga consecuencia jurídica alguna, al quedar equiparado al
contrato por obra o servicio en cuanto a la indemnización. Desde CCOO
compartimos plenamente que el acceso al empleo público debe cumplir con los
principios constitucionales, pero eso no puede servir de excusa para que las
Administraciones tengan carta blanca para incumplir a su antojo la normativa
laboral.
Además, crea un espacio de excepción de total impunidad en
el ámbito de las Administraciones y sector público en general, ya que el
incumplimiento de las normas laborales en materia de contratación no tendrían
consecuencia alguna, a diferencia de lo que el ordenamiento jurídico contempla
para el resto de trabajadoras y trabajadores.
Resulta cuanto menos curioso y contrario a nuestro
ordenamiento jurídico que las Administraciones Públicas, que son las primeras
obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley, se creen para ellas mismas espacios
de absoluta impunidad, mediante una Ley ad causam con la única finalidad de
eludir los pronunciamientos judiciales, tanto del tribunal Supremo como del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por otro lado, se utiliza el trámite de enmiendas del Senado
para realizar una modificación de gran calado en el empleo público, haciéndolo
de tapadillo y evitando con ello, además, que la propuesta pase por los
trámites obligados para un Proyecto de Ley (informe de Consejo de Estado) que,
probablemente, no habría superado.
La enmienda además se presenta sin que haya existido ningún
proceso de negociación o consulta con las organizaciones sindicales,
desmintiendo con hechos las declaraciones que ayer mismo realizaba en
Secretario de Estado de Administraciones Públicas en una conferencia sobre el
compromiso del gobierno de negociar con las organizaciones sindicales todo lo
relativo al proceso de reforma de las Administraciones Públicas especialmente
en aquello que afectara al empleo público
En una primera valoración jurídica de la enmienda, la misma
es difícilmente compatible con el resto de nuestro ordenamiento constitucional
y vulnera también la Directiva Europea 1999/70/CE y la constante jurisprudencia
en esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pues bien ahi va mi valoración personal, esta iniciativa se ha tomado con alevosía y nocturnidad y claro que va a afectar al personal municipal ya que hay mas de 300 empleados publicos trabajando con ese tipo de relación laboral en el Ayuntamiento de León, y ya se están cociendo consecuencias muy graves para dicho personal, es una intuición pero habrá que investigar y preguntar a los responsables politicos ya que ellos serán los que "ejecuten" dicha medida si finalmente se aprueba, que casi seguro asi será, pero que nuestros afiliados y afiliadas y el resto de compañeros y compañeras tengan claro que la sección sindical de CCOO no tiene deudas con nadie, por ello como no somos esclavos de nuestras circunstancias personales lucharemos porque el final no sea a costa del empleo público.
Pues bien ahi va mi valoración personal, esta iniciativa se ha tomado con alevosía y nocturnidad y claro que va a afectar al personal municipal ya que hay mas de 300 empleados publicos trabajando con ese tipo de relación laboral en el Ayuntamiento de León, y ya se están cociendo consecuencias muy graves para dicho personal, es una intuición pero habrá que investigar y preguntar a los responsables politicos ya que ellos serán los que "ejecuten" dicha medida si finalmente se aprueba, que casi seguro asi será, pero que nuestros afiliados y afiliadas y el resto de compañeros y compañeras tengan claro que la sección sindical de CCOO no tiene deudas con nadie, por ello como no somos esclavos de nuestras circunstancias personales lucharemos porque el final no sea a costa del empleo público.
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